Aunque el conseller de Economía del Gobierno de la Generalitat, Jaume Giró, defiende que "el proyecto sigue "donde estaba, es decir, pendiente del Plan Director Urbanístico (PDU) y de que el inversor haga el desembolso previsto", los 120 millones de euros previstos para facilitar la operación de compraventa entre Hard Rock y Caixabank -propietaria del suelo- han desaparecido de las cuentas públicas para el año próximo como por arte de magia. El Departamento de Economía argumenta que la partida se mantiene al margen de los Presupuestos "por ser una actuación que no supone un coste directo para la Administración, dado que también se prevé una devolución inmediata por el mismo importe". "Es más una cuestión técnica de registro contable y de ejecución presupuestaria; estamos a la espera y a la expectativa de que la operación se pueda llevar adelante", explica la delegada del Govern en Tarragona, Teresa Pallarès.

En cualquier caso, la presión en contra de Hard Rock por parte de la CUP y Comuns, y sobre todo, la abstención de ERC en el Parlament a una moción de apoyo explícito al proyecto han levantado una enorme polvareda y han supuesto un torpedo en la línea de flotación. Las patronales, las Cámaras de Comercio y los demás agentes empresariales de referencia han criticado con dureza el mercadeo con una inversión estratégica para Tarragona y Cataluña. "El problema de credibilidad es muy grave; es muy difícil creer en Hard Rock cuando los que deberían ser los más interesados en atraer un proyecto de esta envergadura al sur de Cataluña arrojan un mensaje tan contradictorio a los inversores", expone Francisco Javier Castillo desde su experiencia como consultor internacional a través de DNA.

"Hard Rock moviliza fundamentalmente capital privado y no tiene sentido poner palos en las ruedas de los inversores que legítimamente y con todas las garantías apuestan por nuestro territorio: la actividad empresarial no puede estar sometida al no a todo; los antisistema, como su propio nombre indica, no van a favorecer en nada la actividad empresarial una pujante y rica actividad empresarial, por lo que es el Govern quien debe poner límites a los propósitos de la CUP a la hora de marcar la política catalana y las decisiones", reflexiona el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en declaraciones al Indicador.

"No están a la altura"

El alcalde de Salou, Pere Granados, se ha convertido en una de las voces más activas en defensa de un modelo que considera generador de empleo y riqueza. "No creo que sea una crisis de credibilidad del proyecto, sino más bien de la clase política, que no se moja y no está a la altura de las circunstancias". "Es muy triste y lamentable que se nos imponga un posicionamiento ideológico, alejado del consenso del territorio, en contra de la actividad turística", añade Granados, que mantiene el contacto con los representantes de Hard Rock en España mientras "seguimos trabajando solventando con la Generalitat las cuestiones técnicas vinculadas a las infraestructuras y al Plan Director". "Es cierto -reconoce- que los inversores, que necesitan seguridad, se asustan cuando ven problemas por la influencia de los antisistema; eso no es bueno para nadie, pero también quiero recordar que están viendo a un territorio unido y a un sector turístico que los defiende".

Otro de los aspectos que más ha escocido al tejido empresarial del territorio es la falta de sensibilidad por la injerencia de Barcelona en las decisiones que afectan directamente a la economía de Tarragona. "Evidentemente -razona Sánchez Llibre desde su despacho en la Ciudad Condal-, las grandes urbes tienen tendencia a absorber y centralizar, ocurre así en todo el mundo, pero por ello es responsabilidad de la Administración pública corregir esa inercia". "El Camp de Tarragona, con su peso turístico e industrial, tiene ventajas y palancas al alcance de pocas comarcas, y lo que toca es desarrollar esos fundamentos sólidos para potenciar su pulso económico".