En lo que respecta a Tarragona la decisión de la Comisión Europea otorga el argumentario idóneo para alargar la vida útil de las centrales del territorio. A nivel nacional, puede servir para salvar la falta crónica de valentía política frente a una realidad evidente: cualquier experto en temas energéticos sabe que, con la tecnología actual, es imposible abaratar la factura de la luz y afrontar la lucha contra el cambio climático sin la nuclear en el 'mix' del país.

Desde el pasado miércoles, la energía nuclear y el gas se incluyen entre las llamadas tecnologías de transición, es decir, las que no pueden ser reemplazadas todavía por otras más bajas en emisiones. En el caso de la nuclear, la etiqueta se concederá a los proyectos que sean aprobados antes de 2045, lo que significa, dados los plazos de construcción y su vida útil, que los nuevos reactores estarían operativos hasta finales de este siglo.

Pese al baño de realidad que llega desde Europa, los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica mantienen a España en el grupo de los países más beligerantes con la propuesta de taxonomía de Bruselas. Según su perspectiva, no envía las señales adecuadas a la inversión en energía limpia y puede distraer fondos e inversiones que podrían destinarse a las tecnologías renovables. Las declaraciones de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, evidencian que no ve con buenos ojos esta segunda oportunidad a las nucleares: "Independientemente de que se puedan seguir acometiendo inversiones, consideramos que ni el gas ni la energía nuclear son verdes ni sostenibles".

Actualmente el sector energético se ordena a partir del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que en el caso de la nuclear prevé que los siete reactores que siguen funcionando en España, que se conectaron a la red entre 1983 y 1988, serán apagados entre 2027 y 2035.  En el caso concreto de Tarragona, la unidad I de Ascó tiene licencia de operación hasta el 2030 y la unidad II hasta 2031 (46 años de vida útil), y Vandellòs II hasta 2030 (42 años). La decisión de la Comisión Europea, tras meses de titubeos, abre un nuevo escenario, más realista, en el que las propietarias de las centrales -Endesa e Iberdrola- deberán abrir un diálogo con el Gobierno para analizar si flexibiliza su postura y qué garantías puede ofrecer de que el ala más progre de la Moncloa no saboteará los acuerdos.

Objetivo en Tarragona: operar a largo plazo

El director general de la Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV),  José Antonio Gago, nunca ocultado que su estrategia a medio y largo plazo consiste en un mantenimiento exhaustivo de las centrales para exprimir al máximo su vida útil, en línea con el modelo estadounidense, considerado uno de los más exigentes del mundo: "Sin ningúna duda, nosotros podemos contribuir a frenar el cambio climático, y de hecho seguimos invirtiendo -alrededor de 30 millones por reactor y año, tras el esfuerzo post-Fukushima 2011-2016 en que ese presupuesto se elevó hasta los 100 millones reactor/año-, para estar en perfecto estado de revista hasta el último día de la vida de nuestras centrales, y nunca hemos ocultado el objetivo de seguir operando a largo plazo". En la práctica, operar a largo plazo significa prolongar la operación de los reactores -prevista en diseño para 40 años-, al menos hasta los 60, con el requisito de superar un riguroso programa de inspecciones.

Desde la patronal Foro Nuclear ven "algo confusa" la postura del Ministerio de Transición Ecológica: "Reconoce que somos necesarios en esa transición, por tanto habría que ayudar en todo lo posible a que se produzca", explica estos días su presidente, Ignacio Araluce, quien subraya que, por el momento, no hay sobre la mesa ningún cambio efectivo en el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas. A día de hoy, el efecto más positivo que se vislumbra es la opción a bonos verdes y a tener una financiación más barata.

Araluce confía también en que se reduzca el nivel impositivo actual para facilitar la transición energética. En este sentido, Foro Nuclear se alinea con posturas como la de Francia, donde se ve muy claro que el aumento de los precios de la energía ha demostrado lo importante que es reducir la dependencia de terceros países. Nuestros vecinos consideran que, con esta nueva calificación, se pueden combatir futuras crisis de abastecimiento, al mismo tiempo que se potencian las energías renovables.

Según los datos de esta patronal, desde el accidente de Fukushima en marzo de 2011, -que disparó entre la opinión pública el rechazo a la energía nuclear-, ha seguido creciendo el número de centrales. Desde aquel año se han parado 64 plantas (entre ellas, la de Garoña, en Burgos) y se han puesto en marcha 72. Actualmente funcionan 443 reactores nucleares en 32 países del mundo. Como se ha dicho, en España quedan siete: además de Ascó I y II y Vandellòs II en Tarragona, Almaraz I y II (Cáceres), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara), que producen el 22% de la energía eléctrica del país (sube al 33% en el caso de energía libre de emisiones). En la Unión Europea, 13 de los 27 estados miembros tienen centrales nucleares. Hay un total de 107 reactores en operación, que producen anualmente cerca del 26% del total de la electricidad consumida.