Al cierre de esta edición muy pocos se atreven a augurar si Pedro Sánchez será capaz de sacar un nuevo conejo de la chistera para evitar la repetición de los comicios. Si el ala más radical de Junts se impone, como parece, se antoja misión imposible. De conseguirlo, un nuevo Gobierno bajo la presidencia socialista equivaldría a dar continuidad a los proyectos 'estrella' de los últimos nueve años. También es de prever, en este supuesto, que la presión de ERC y Junts -al más puro estilo del PNV en el País Vasco- se traduzca en una importante contrapartida económica para Cataluña. Es decir, bastante más 'cariño' en los Presupuestos Generales del Estado.

Tanto los dos diputados del PSC por Tarragona, su cabeza de lista Valle Mellado y el ex alcaldable reusense Andreu Martín, han repetido este mensaje por activa y por pasiva como "garantía de la continuidad de las inversiones comprometidas durante los últimos años en el territorio". También la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que se ha prodigado mucho en la provincia durante las dos últimas campañas -tanto en las municipales como en las generales- ha subrayado el mismo discurso: "La media de recursos que destinamos a Cataluña ha aumentado el 127% respecto a la media del periodo del Gobierno anterior, con una inversión prevista de casi 3.000 millones de euros en 2023, lo que supone mantener el nivel récord de 2022, que ya fue el mayor volumen consignado desde 2010, y duplica la que el anterior Ejecutivo contempló en 2018".

Adif: más de un tercio del presupuesto

Las cuentas del Estado prevén este año algo más de 300 millones de euros con destino a la provincia de Tarragona, en la misma línea que los últimos ejercicios (salvo 2020, con más de 400 millones por efecto de la alta velocidad). A modo de contexto, Barcelona recibe casi 2.000 millones. El grueso de esa inversión, aproximadamente un tercio, se lo llevan las infraestructuras ferroviarias, con Adif, el Corredor Mediterráneo y la red de Cercanías como principales protagonistas. En este sentido, la noticia más reciente es un contrato de 16 millones de euros para las obras de adaptación al ancho internacional del túnel de Roda de Berà, un importante escollo pendiente en el Corredor a su paso por Tarragona.

Cualquiera de las opciones de Gobierno posibles debería, al menos en la teoría de sus programas electorales, mantener los ritmos de inversión en la infraestructura ferroviaria de Tarragona, que todos los expertos consideran un nudo logístico de primer nivel europeo. El PSC ha utilizado en campaña el miedo al frenazo presupuestario que supondría el regreso del PP al poder, y con él los mismos ajustes que paralizaron el Corredor del Mediterráneo durante la etapa de Mariano Rajoy.

Aunque las posibilidades del PSOE para evitar el bloqueo de Junts parecen mínimas, -de salvarse los escollos de la amnistía y el referéndum-, el partido de Puigdemont sin duda hará bandera del déficit de Cataluña, especialmente en materia de infraestructuras. El diputado de Junts por Tarragona, el ex presidente del Port de Tarragona Josep Maria Cruset, -que se estrena en Madrid-, ha subrayado esta cuestión durante toda la campaña: "Es indignante que el Gobierno de España sólo ejecute el 12% de la inversión en Cercanías, que tengamos que esperar 20 años para el desdoblamiento de la N-420, o que el Coll de Lilla haya tardado más de dos décadas y que el Corredor del Mediterráneo lleve un cuarto de siglo de retraso".

Traspaso de Cercanías

"El Estado -insiste Cruset- nos ahoga con un déficit fiscal de 20.000 millones de euros cada año y perjudica nuestro desarrollo con incumplimientos sistemáticos". Pese a las graves diferencias entre Junts y ERC en el enfoque de la cuestión territorial, sí hay acuerdo entre los independentistas en materia presupuestaria: precisamente el traspaso de Cercanías es la principal petición económica de los republicanos para reeditar su apoyo a un Gobierno de Sánchez. Esta red tiene presupuestados 1.000 millones en Cataluña en 2023, cuatro veces más que en el ejercicio anterior. 

"Exigimos desde hace años que se traspasen las Cercanías, y como es lógico, también el dinero correspondiente; una de las razones por las que crece el independentismo es esta incapacidad del Estado para gestionar con eficacia las cuestiones en las que tiene competencia exclusiva", razona el diputado de ERC por Tarragona, Jordi Salvador, que repite en el Congreso. "Tras el retraso del Corredor del Mediterráneo subyace un modo de entender la economía y el Estado; lo dice todo de un país que comience la alta velocidad por el tramo Madrid-Sevilla".

 También existe consenso entre PSOE y PP en torno al desvío de las mercancías por el interior, aunque en este sentido todavía no hay compromisos en firme. El Mitma ha dispuesto este año medio millón de euros para la "remodelación de la red arterial ferroviaria de Tarragona", que en lenguaje coloquial se traduce en el estudio para evaluar el mejor trazado para las mercancías, ya en fase de ejecución gracias a 400.000 euros consignados en 2022.

No obstante, un hipotético cambio de Gobierno (PP) podría alterar la actual voluntad política en torno a las prioridades en esta cuestión, y también respecto a la Estación Intermodal de Vila-seca y al desarrollo del aeropuerto de Reus. El nuevo diputado del PP por Tarragona, Pere Lluis Huguet, considera que falta visión y reflexión y deja caer que "el caos actual necesita una mesa de expertos para tomar decisiones, con estudios serios de movilidad: la realidad es que el tren desde Reus a Barcelona tarda lo mismo que hace 50 años; y no tiene ningún sentido que las mercancías peligrosas pasen por toda la costa. Es esencial diseñar con cabeza la infraestructura del 2050, para que no vivamos una segunda parte de La Secuita".

El cierre de las nucleares

Aunque los pactos de los socialistas con Sumar y los acuerdos con ERC se dan por hechos -ya lo consiguieron en los anteriores Presupuestos del Estado y en los de Cataluña, y ahora en el Gobierno de Reus y en la Diputació de Tarragona-, a medio plazo, el cierre de las nucleares puede convertirse en un elemento de fricción. El PSOE ha fijado el cierre escalonado de las plantas entre 2030 y 2035, si bien casi todos los expertos ven poco realista este horizonte. Según el último informe de ANAV, el 57% de la energía generada en Cataluña provenía de las centrales de Tarragona.

Cualquier aplazamiento en el calendario de cierres -que sí se da casi por seguro en el caso de un Gobierno del PP-, supondría un serio encontronazo de un Gobierno Sánchez con sus aliados. El diputado de Sumar por Tarragona, Félix Alonso, se ha mostrado especialmente crítico con la industria nuclear: "No nos merecemos este maltrato permanente con los residuos; las centrales han ralentizado el crecimiento de las comarcas en que se asientan... No queremos que Tarragona sea siempre donde se pone la mierda de Cataluña".

Por encima de la prioridad que se conceda a unos proyectos u otros, si el nuevo Gobierno del Estado quiere 'seducir' a Cataluña, tendrá que mejorar sustancialmente en el grado de ejecución presupuestaria. Tanto ERC como Junts mantienen una reivindicación histórica en este sentido. Ha sido uno de los caballos de batalla durante la campaña, y así lo expresa Josep Maria Cruset: "No es de recibo que el Estado español destine sólo el 9% de la inversión a Cataluña, pese a representar el 16% de la población y el 19% del PIB, y tampoco que sólo ejecute el 35% de las inversiones comprometidas".