La propuesta de reducción de la jornada laboral sigue generando polémica y el diálogo social se mantiene estancado lejos del consenso. El pasado lunes, Gobierno, sindicatos y empresarios mantuvieron un encuentro en el que, pese a un cierto optimismo del Ministerio de Trabajo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) insistió en su rechazo frontal a rebajar el tiempo de trabajo semanal de las actuales 40 horas a 37,5 horas.
La patronal insiste en que la duración de la jornada ya se aborda en la negociación colectiva y se recoge en algunos convenios, de forma que las conversaciones siguen en vía muerta. No obstante, los interlocutores del Ministerio han emplazado a las partes después de las vacaciones para trabajar en una nueva tentativa de acuerdo. El Gobierno de coalición no cuenta en este momento con los apoyos parlamentarios necesarios para modificar la legislación, con Junts como principal escollo si Salvador Illa finalmente es investido como President en Cataluña.
Por el momento, la presión empresarial ha conseguido que la reducción no se haga realidad a partir del 1 de enero de 2025, tal y como el Gobierno, -con la ministra Yolanda Díaz a la cabeza-, había planteado inicialmente. La fuerte oposición de la patronal, junto a algún toque de atención desde Moncloa para moderar el discurso, han obligado a la vicepresidenta segunda a suavizar el tono. La Secretaría de Estado de Empleo habla de implementar la reducción "de forma progresiva y paulatina", en los sectores y negocios que tengan más difícil ponerlo en práctica. Los sindicatos mayoritarios, por su parte, amenazan con movilizaciones en septiembre si no ven avances sustanciales en lo que fue su reivindicación prioritaria el pasado 1 de mayo.
Impacto en las pymes
En el seno de Pimec, patronal de la pequeña y mediana empresa se ha trabajado de modo febril para reunir a las comisiones, asociaciones, gremios y colectivos más afectados para conseguir una visión de 360 grados sobre una reforma de tan importante calado. Pimec reclama al Gobierno que se ponga en la piel de las pymes y los emprendedores, "con retos y problemas del mercado de trabajo como la productividad, el absentismo y bajas laborales, entre otros".
A juicio de Jordi Ciuraneta, presidente de Pimec Tarragona, "el impacto es prácticamente inasumible en el mundo agrario o en el de servicios turísticos, que se mantienen en un nivel de baja cualificación; no encuentran gente para trabajar, y la poca que hay... pues no parece muy sensato reducir las jornadas". "Son trabajos que necesitamos, con gente que no tenemos, y ahora bajaremos horas de trabajo y seremos más efectivos... A mí la ecuación no me sale", advierte Ciuraneta.
En Cataluña, según los datos que maneja CCOO, el impacto sectorial de esta reducción afectaría al 100% de los trabajadores de comercio, turismo y sector agroalimentario. Si la jornada bajase a 38,5 horas semanales, afectaría a 1,3 millones de trabajadores catalanes; en el caso de las 37,5 horas, beneficiaría a dos millones de empleados. Según el mismo sindicato, ya hay cerca de medio millón de personas con una jornada por debajo de las 37,5 horas semanales, básicamente en el sector de la Función Pública.
Baja competitividad en Tarragona
"Nuestro territorio -reflexiona el presidente de Pimec Tarragona- ya es uno de los menos competitivos, no sólo en horas trabajadas sino también en condiciones laborales; en este contexto, con estas observaciones no sé si nos podemos permitir estos lujos, más orientados a una determinada parroquia y con una clara posición política, sin tener en cuenta la voz de los pequeños empresarios... Lo que necesitamos es gente con ganas de trabajar y emprender para que exista un relevo, incluso generacional, porque cada vez menos gente quiere ser empresario". "Yo creo más en la cultura del esfuerzo que en la del subsidio; está bien que nadie se quede atrás, pero que sea una pequeña porción de la masa laboral... Si nos comparamos con otros países más avanzados, estamos por debajo de sus jornadas laborales".
Desde Foment del Treball, la 'filial' catalana de la CEOE, y la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA), -su delegación en Tarragona-, lamentan la tentación intervencionista del Gobierno, que intenta ocupar espacios que no le corresponde: "Los distintos sectores y las empresas pueden adaptar su jornada en función de sus necesidades y de su realidad, en base a la actual legislación laboral y a través de la concertación social, que es como debe hacerse, y no por la vía de una decisión de un gobierno que solo provoca que nuevos problemas y más costes".
"Generalizar no es una buena receta, y aplicarla de una forma homogénea, tampoco; una reducción de estas características no se puede aplicar de manera universal, por la idiosincrasia de cada sector y las características de nuestro tejido productivo, con más del 95% de las empresas de Cataluña que tienen menos de diez trabajadores... En cada caso, con plantillas tan pequeñas, hay que analizar la carga laboral y la distribución del trabajo", exponen desde CEPTA.
Diferencias entre grandes y pequeños
Las organizaciones empresariales insisten en que, en este caso, el tamaño sí importa, y mucho. En este sentido, exigen a la Administración que tenga en cuenta la dimensión de los sectores empresariales más afectados, así como los problemas más acuciantes que presenta el mercado de trabajo: mejora de la productividad, absentismo e incidencia de las bajas laborales, falta de profesionales y de perfiles cualificados, dificultad de cobertura de determinados puestos de trabajo, elevado desempleo... "Las empresas más grandes, en nuestro caso muy centradas en la industria petroquímica, disponen de más herramientas para poder asumir la reducción, hay más horas extras que se pasan y que se pueden computar de otra manera... A las que hace mal de verdad es a la micro y pequeña empresa... Pese a la presencia de multinacionales en Tarragona, el tejido económico real son esas pymes de uno o dos trabajadores, que no saben cómo lo harán para cubrir las horas", describe Jordi Ciuraneta.
"Cuando a uno -valora el portavoz de Pimec en Tarragona- le dicen que vas a trabajar menos y cobrar igual, pues se apunta todo el mundo, pero que expliquen también qué pasa cuando tenemos una productividad de pena y un paro que nos debería hacer reflexionar. En el SOC no encuentras personal, pero hay una enorme cantidad de gente apuntada... Eso es lo que está pasando en nuestras comarcas, deberíamos pensar si esta medida es una jugada política o la necesidad de un país, porque está lastrando la viabilidad de muchos negocios. Al final vamos asumiendo todas estas imposiciones, pero ¿seremos capaces esta vez?"
Fuerte malestar en el sector turístico
La propuesta de reducción de la jornada laboral va a afectar especialmente a la competitividad y viabilidad de las empresas del sector turístico, ya que la mayor parte de los hoteles, campings y apartamentos de la demarcación son pequeñas y medianas empresas, las que más van a notar los efectos de esta medida.
"El tema laboral -explica Berta Cabré, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT) es muy complejo y no se resuelve con una simple reducción de horas efectivas de jornada". Desde su perspectiva, la prioridad es resolver temas como la mejora de la productividad, el absentismo, la incidencia de las bajas laborales, la falta de profesionales y la dificultad para encontrar perfiles cualificados para dar cobertura a determinados puestos de trabajo, la retención de talento... "Todo esto hay que abordarlo conjuntamente, porque reducir la jornada de trabajo sin tener en cuenta todo lo anterior es simplemente una medida electoralista que sólo busca un rédito político".
"Actualmente -añade Cabré-, en el sector turístico ya nos encontramos con la dificultad de cubrir la totalidad de nuestras plantillas; obviamente, no podemos plantearnos la posibilidad de reducir nuestros servicios (no dejaremos las recepciones sin atención por la noche o los domingos, ni cerraremos el restaurante a las 21 horas)". La FEHT considera que esta reducción de jornada laboral requerirá la ampliación de plantillas. "¿Cómo lo hacemos si ya no encontramos trabajadores? La Costa Daurada y las Terres de l'Ebre son destinos líderes en Europa, parece que algunos políticos quieren que dejemos de serlo... Con los actuales costes empresariales a los que debemos hacer frente, esta medida nos restará capacidad de crecimiento, así como de creación de empleo y riqueza". "Sin duda va a afectar negativamente al progreso social y económico del país", critican con dureza.