Bajos tipos de interés, aumento de la regulación bancaria, mayor exigencia ética, y las SOCIMIs como nuevos vehículos de inversión son los principales retos a los que se enfrenta la banca privada. Los tipos bajos han obligado a los gestores a profundizar en su conocimiento técnico para ofrecer mejores condiciones a sus clientes. Quizá la tendencia cambie con los últimos movimientos de la Fed, pero el escenario continua siendo duro para la rentabilidad.
Aunque no son productos propios de la banca privada, existen diferentes formas innovadoras de inversión (crowdfunding, business angels, etc.) que pueden suponer una alternativa a productos más tradicionales. Estar bien asesorado por una entidad de banca privada minimiza el riesgo y protege al cliente de caer en la tentación de inversiones 'atractivas' de aparente legalidad. Los avances tecnológicos permiten que dichas estafas se realicen a través de medios cada vez más sofisticados y difíciles de identificar (páginas webs, cuentas bancarias conectadas con paraísos fiscales, etc.).
En abril del 2014 el Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva MiFID II que supera a la anterior en el ámbito de transparencia en la contratación de productos financieros, así como en el nivel de asesoramiento y protección. Además insiste en la independencia de la banca privada respecto a los productos que ofrece. Esto afecta a los instrumentos tanto no complejos como complejos (estructurados, derivados, etc.).
Las entidades advierten del aumento de costes y, por tanto, de la reducción de sus rentabilidades. Es de esperar la repercusión a los clientes vía comisiones y gastos ya que supondrá una importante inversión tecnológica y de formación. Los gestores deben conocer perfectamente cada uno de los instrumentos financieros del mercado para poder explicar sus características, rentabilidad y los riesgos implícitos que asume el cliente. Quizá para evitar el malestar, la banca privada podría aplicar comisiones, solo en el caso de obtener una rentabilidad positiva; una comisión de éxito (success fee).
En un contexto como el actual, habrá que contar con la creciente exigencia ética de los inversores. Los bonos solidarios, verdes (green bonds), fondos de inversión éticos, son algunos ejemplos en que la menor rentabilidad se ve compensada por componentes intangibles.
Finalmente no podemos obviar que el mercado inmobiliario español ha ofrecido un gran atractivo para los fondos de inversión internacionales debido al importante ajuste a la baja, después de la crisis, de los precios de los activos inmobiliarios y, por lo tanto, un aumento de la rentabilidad de los alquileres respecto al importe de la inversión realizada. Es una oportunidad para la banca privada si incluye o no productos de inversión vinculados, directa o indirecta, con dicho mercado. Pero esta situación ha producido una proliferación de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), equivalentes a los Real Estate Investment Trust (REIT), que permite invertir en acciones de dichas sociedades cuya actividad principal es la compra de activos inmobiliarios para su arrendamiento. Los atractivos principales para el inversor son la obligación de las SOCIMI en cuanto al alto porcentaje de reparto de dividendos así como sus ventajas fiscales que repercuten indirectamente en la rentabilidad del accionista. Las SOCIMI se han convertido en un vehículo de inversión apropiado para aquellos inversores interesados en un tratamiento fiscal favorable, rentabilidad (dividendos) y liquidez (cotización bursátil).
Como conclusión, la banca privada deberá afrontar nuevos retos mediante políticas innovadoras de acuerdo con la evolución del mercado.