El anterior plan estratégico de la AEQT (2017-2020), que se trabajó durante 2016, ha quedado claramente obsoleto por el propio avance de la sociedad, cada vez más sensibilizada respecto a temas como la calidad del aire o el tratamiento de los plásticos. En este sentido, el sector químico de Tarragona consideraba superada la asignatura de la seguridad, "dentro de unos parámetros donde el riesgo cero no existe", y centraba sus esfuerzos en la sostenibilidad, con avances importantes en el campo del ahorro energético, la reducción de emisiones o la economía circular.

Todo ha cambiado desde que el pasado 14 de enero la sociedad de Tarragona visualizase de manera dramática, - incluso más allá de los peores escenarios previsibles-, los riesgos de convivir con la industria química. Sin abandonar las prioridades en materia de sostenibilidad, la química centrará su plan estratégico en la recuperación de la confianza perdida en materia de seguridad. "Nuestra prioridad es conocer a fondo qué ha sucedido para aprender de los errores cometidos y poder actualizar y mantener nuestros protocolos de seguridad como un referente mundial", explican desde la Asociación.

A la espera de definir qué papel jugará la AEQT, que como tal no es una patronal sino una agrupación empresarial, y si asumirá algún tipo de gestión en materia de supervisión y control de buenas prácticas -una especie de sello de calidad-, el próximo plan estratégico de la industria química deberá ahondar en 10 claves que el Indicador ha querido sintetizar:

1.TRANSPARENCIA EN LA INVESTIGACIÓN: ¿CÓMO FUE POSIBLE LO IMPOSIBLE?

La industria química no termina de entender qué pudo pasar para que estallase el reactor de IQOXE, por lo que son los primeros interesados en clarificar las circunstancias del accidente. "Aunque quisieras forzar a propósito una explosión así, los sistemas de seguridad del reactor deberían hacerlo imposible", explican los expertos de la AEQT. ¿Por qué fue posible lo imposible? Es la gran pregunta a la que la investigación judicial en marcha deberá dar respuesta. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Tarragona han anunciado su intención de presionar al máximo al personarse como acusación popular en la causa. Del conocimiento exhaustivo de los pormenores del accidente dependerá no cometer los mismos errores en el futuro. Los especialistas advierten que la investigación "será larga".

2.CAMBIOS EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

El presidente de la AEQT, Rubén Folgado, tiene claro que habrá "un antes y un después" de la explosión de La Canonja en la normativa internacional que regula la seguridad de este tipo de procesos. Según su información, IQOXE había superado en diciembre, solo un mes antes del siniestro, los exigentes test de seguridad a los que obliga la normativa, por lo que es evidente que ésta deberá endurecerse. Serán necesarias nuevas medidas correctoras y recomendaciones de diseño. A modo de ejemplo, en sistemas de alta presión la hipótesis de una 'lluvia de metralla' a varios kilómetros a la redonda no estaba ni siquiera contemplada, por lo que habrá que estudiar "muros, mallas u otros modelos de contención". Se barajan también medidas como bunkerizar las salas de control o soterrar los depósitos de sustancias potencialmente peligrosas.

3. MÁS INSPECCIONES Y MAYOR CONTROL

El Departament de Treball de la Generalitat, -que a través de la Inspección de Trabajo continúa con la tramitación de los expedientes abiertos a IQOXE y la investigación de las causas del accidente-, se va a personar en el proceso judicial al considerar que "pueden haberse lesionado derechos esenciales como el de la seguridad y la salud laboral", defiende el conseller Chakir el Homrani, quien garantiza que irán hasta el fondo del asunto. Las conclusiones de los inspectores pueden derivar en sanciones graves e incluso consecuencias penales. Treball también impulsa una Comisión de Seguridad del complejo petroquímico, aunque los más críticos consideran que la Generalitat llega tarde. Grupos ecologistas como el Gepec, que elabora un informe que será entregado a la Fiscalía, denuncian que desde hace dos décadas la Administración "ha interpretado las directrices europeas en materia de seguridad para facilitar los trámites a la empresa", sin la exigencia necesaria de control en aspectos críticos -tanto tecnológicos como de recursos humanos- para el aumento de la producción.

4. ENDURECIMIENTO DE LAS SANCIONES

La Generalitat ha reconocido fallos por la falta de información suministrada por la empresa que impidió a los servicios de emergencia actuar con más celeridad. Incluso propondrá habilitar un sistema de detección automático con sensores para "evitar el envío de trabajadores públicos al foco para saber qué tipo de materiales se están quemando". Tanto los sindicatos como los expertos de la URV coinciden en que la Administración, "que es la que tiene competencias", debe incidir más en la supervisión directa de las condiciones de seguridad, con sanciones más severas que las actuales en caso de incumplimiento. Incluso se ha esbozado la posibilidad de una Agencia nacional de Seguridad Química, que al igual que sucede con el CSN en la industria nuclear, centralice todos los protocolos de inspección y sanción.

5. CONTROL EXHAUSTIVO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

La falta de control por acelerar la producción a bajo coste ha sobrevolado el accidente químico de Tarragona. Todos los testimonios de empleados y técnicos apuntan en la misma dirección como causa del desastre: sobrepresión para incrementar la producción y ahorro de costes, con menos personal, menos experimentado y menos formado. Trabajadores de IQOXE habían advertido varias veces sobre los riesgos de la operativa; según ellos, el protocolo de operación "era claramente precario, sin técnicos suficientes para controlar a la vez los paneles de todos los reactores y atender al trabajo de campo en la fábrica". Los sindicatos, que se sientan con Treball y la AEQT (Asociación Empresarial Química de Tarragona) para revisar la prevención de riesgos, han convocado una huelga en el sector para el próximo día 19. El objetivo final es elaborar mecanismos para que las empresas con más experiencia y trayectoria extiendan sus criterios de seguridad laboral a todo el polígono.

6. SIRENAS + SERVICIO MASIVO DE AVISOS

La confusión provocada por la descoordinación en el uso de las sirenas pone en entredicho todos los simulacros previos realizados y deja en evidencia la cruda realidad: el sistema no funciona. Es además, claramente arcaico en función de las tecnologías disponibles. El conseller de Interior, Miquel Buch, ya ha solicitado al Gobierno español que no espere al año 2022 para dar cumplimiento a la normativa europea sobre el sistema de avisos masivos. El llamado 'Cell Broadcast' permite el envío de SMS a todos los móviles bajo cobertura de una antena determinada. "Debería estar ya implementado, ya que no requiere una gran complejidad técnica y el coste de hacerlo no es alto", razonan fuentes de Protección Civil.

7. GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS

Tal y como ha exigido el frente de alcaldes del Camp de Tarragona constituido tras el siniestro, la Generalitat ha anunciado el retorno de un Plan de Emergencias Químicas específico para Tarragona (PLASEQTA). De este modo se reconoce la singularidad de la actividad petroquímica en Tarragona, que hace diez años se englobó en un plan más global gestionado por el Departament de Interior para toda Cataluña. "La gente del territorio -ha avanzado el conseller Buch- debe tener más información y más actualizada". El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que lidera a los ayuntamientos que rodean los polígonos químicos, defiende que "todo lo que se pueda decidir desde la proximidad será más efectivo, puesto que nadie conoce mejor lo que pasa aquí". Los fallos de coordinación indican que hay mucho trabajo por hacer en la revisión, adaptación y mejora de los protocolos, que en algunos casos han quedado anticuados.

8. PROTOCOLOS MÁS EFICACES EN LOS BARRIOS DE PONENT

Las entidades vecinales de los barrios de Ponent y de La Canonja subrayan que, pese a los años transcurridos, existe una gran desinformación sobre los protocolos de emergencia. "A día de hoy, la gente todavía no sabe cómo actuar", admite Ángel Juárez desde la Coordinadora de Entidades de Tarragona (CET) -con sede en Torreforta- y que reclama la creación de canales directos de comunicación entre las asociaciones y quienes gestiones la actualización del PLASEQTA. Se está ya elaborando un nuevo plan de comunicación e interacción con el entorno  con el objetivo de poner fin a la desidia actual y mejorar el entrenamiento y los conocimientos adquiridos por los vecinos de las áreas más cercanas a la industria química.

9. IMPACTO SOBRE LA SALUD

El accidente de IQOXE ha disparado la sensibilidad de la opinión pública sobre el impacto de la actividad industrial en Tarragona. La Plataforma Cel Net, que ahora ve reforzado su discurso bajo el shock del siniestro, lleva años reclamando más transparencia, mayor control de las emisiones en los núcleos urbanos cercanos y un estudio epidemiológico serio. A falta de dicho estudio, muy largo y costoso, la explosión ha estimulado a un grupo de investigadores de la URV -liderado por el catedrático de Toxicología Josep Lluís Domingo- que tomará grandes muestras de población con datos médicos ya existentes agrupados por enfermedades y lugar de residencia. Dichos datos se compararán con los de las Terres de l'Ebre, un área no contaminada y de alta calidad medioambiental. La URV y toda la sociedad confían en la plena colaboración del Departament de Salut para impulsar un estudio orientativo que puede estar finalizado en un plazo de dos años.

10. URBANISMO. CRECIMIENTO HACIA LLEVANT

Lo sucedido el pasado 14 de enero debería pesar significativamente sobre la planificación urbanística de los municipios cercanos. A día de hoy, la franja de seguridad es de sólo 500 metros. El barrio de Bonavista está a 700 metros de las instalaciones de IQOXE y La Canonja a apenas un kilómetro. Gepec  ha denunciado reiteradamente que Cataluña es la única comunidad autónoma que no regula la distancia mínima de separación entre empresas con factores de riesgo en su producción y los núcleos urbanos, e incluso Protección Civil ha explicitado recomendaciones al respecto. En el caso de Tarragona ciudad, gran parte del espectro político ha optado por el crecimiento hacia Ponent; la explosión ha permitido visualizar los riesgos y deberá reabrir el debate de proyectos como el de La Budellera.