Aunque el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha querido zanjar la cuestión con un tajante "el problema se ha terminado" que da dar luz verde a sus equipos "para asegurar que sean ejecutadas con éxito en un futuro próximo" las inversiones planeadas en España, los principales actores públicos y privados de Tarragona no olvidan que los casi 1.100 millones de euros previstos se han salvado más por la aritmética parlamentaria (con los votos decisivos en contra de Junts y PNV) que por un giro en la estrategia económica del Gobierno.

El Gravamen Temporal Energético, creado en un contexto de precios disparados por la crisis de suministros post-Covid y la invasión rusa de Ucrania, supuso en 2022 y 2023 unos 2.400 millones de euros para las arcas del Estado, con una tercera parte aportada por Repsol. Al cierre de este ejercicio se prevé un ingreso similar, superior a los 1.000 millones anuales, por lo que patronales como Foment del Treball o entidades como el Cercle d'Economia, que aglutina a un influyente grupo de economistas y empresarios catalanes, ponen en duda que las "políticas agresivas hacia el desarrollo industrial, con evidente carga ideológica y poco disimulado afán recaudatorio" vayan a enterrarse definitivamente tras esta última intentona de incrementar la carga fiscal.

¿Nueva etapa de estabilidad regulatoria?

Las Cámaras de Comercio, junto a agrupaciones sectoriales como AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona) o Feique (Federación de la Industria Química Española) insisten en la necesidad de alinear las políticas industriales, -incluida la fiscalidad sobre las empresas-, con el mensaje cada vez más alto y claro que llega desde la UE con los informes como los redactados por Letta y Draghi que señalan la reindustrialización y la autonomía estratégica como pilares para elevar la competitividad europea.

"En un contexto de grandes inversiones para descarbonizar nuestras instalaciones, cuando el sector necesita más que nunca del soporte público como palanca que dinamice el cambio, sinceramente es difícil de entender la vocación de continuidad de este gravamen; desde luego no parece la mejor herramienta para generar un escenario de confianza", explican desde la AEQT. La propia Comisión Europea emitió un informe cuestionando la necesidad de mantener este gravamen temporal en un contexto en que los precios de la energía ya se han normalizado.

La patronal de la industria química de Tarragona confía en que la caída obligada del 'impuestazo' haga reflexionar al Ejecutivo español y realmente se avance hacia una "nueva etapa de estabilidad regulatoria", como la ha definido el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz. Se trata de una larga reivindicación en el tiempo de la industria de Tarragona, dada la importancia de este factor para las multinacionales con centros de decisión fuera de Cataluña y España. En este contexto, distintos expertos como el catedrático de Economía Financiera de la URV, Antonio Terceño, reclaman una "cierta coincidencia de las políticas fiscales en el seno de la UE" para evitar el dumping y acometer esfuerzos como los que reclama el informe Draghi.

A la hora de definir esa fiscalidad, el tejido industrial de Tarragona mira con cierta envidia el éxito de la Inflation Reduction Act (IRA) de Estados Unidos, que justo al revés de la praxis española, potencia la competitividad de sus empresas a través de incentivos fiscales a aquellas compañías que invierten en la mejora técnica de sus procesos. El Gobierno, al menos temporalmente, ha dado temporalmente su brazo a torcer, pero no oculta su voluntad política de que sean quienes obtienen mayores beneficios los que sufraguen el aumento del gasto social. Y no la esconde: "Ojalá podamos alcanzar una mayoría suficiente para darle continuidad a este impuesto", sostiene la vicepresidenta María Jesús Montero, por lo que da la impresión de que el culebrón fiscal no ha finalizado aquí.