"Ni se debía ni se podía parar la actividad económica de una forma tan abrupta; ha sido una salvajada, mucho peor incluso que un escenario de guerra, y hay que abrir las economías sí o sí con una desescalada mucho más agresiva, dejando hacer su trabajo a las empresas -sin intervenir, molestar y hasta pervertir- y generando confianza... Ni siquiera esto último se está haciendo bien, porque España ha cometido el pecado capital de no sanear las cuentas públicas en los últimos años, por lo que estamos en peor posición y sin apenas capacidad fiscal de apoyo a los empresarios". 

Con esta contundencia se expresa Juan Gallardo, co-director del Gabinete de Estudios de la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA), que subraya que "España se ha equivocado, a diferencia de otros como Alemania o los Países Bajos; el proceso de cierre (lockdown) ha sido el más drástico de todas las economías desarrolladas, salvo Italia, y ha generado un brutal choque de oferta, que está incidiendo en la conformación de la demanda, construyendo un círculo pernicioso de retroalimentación mutua, que puede llevar a la economía española a la depresión más profunda desde la Guerra Civil".

La CEPTA se suma así a los pronósticos de los principales bancos de inversión, servicios de estudios, organismos internacionales o incluso del propio Gobierno español. A la hora de conformar el cuadro de previsiones macroeconómicas se habla de una caída del PIB del 9,2%, según las previsiones del Gobierno, aunque Morgan Stanley la sitúa, en un escenario central, en el 13.5%, con un 22,6% en el peor de los casos.

Impacto sobre el empleo tras los ERTE

Tras un primer trimestre de 2020 relativamente bueno, el efecto del confinamiento sobre el empleo se prevé devastador en Tarragona, una economía muy terciarizada. Las previsiones no contabilizan el volumen de desempleados que se encuentran amparados bajo la fórmula de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), que no se consideran formalmente como parados. En marzo había en Tarragona unos 50.000 desempleados, una cifra similar a los trabajadores actualmente en ERTE, que son otras casi 54.000 personas afectadas por cerca de 10.000 expedientes.

Según los analistas, una parte significativa de los afectados por los ERTE pueden acabar siendo desocupados definitivos, lo que incrementaría las tasas de paro hasta niveles desconocidos. "Salvo un cambio sustancial en las actuales circunstancias, si se se suma el deterioro del tejido económico que se está produciendo, y las más que serias dudas sobre el inicio de actividad de los fijos discontinuos nos podemos volver a encontrar en julio como en el primer trimestre de 2013, en la franja del 30% de desempleo", confirman desde Pimec Tarragona.

Una parte significativa de los afectados por los ERTE pueden acabar como desocupados definitivos, lo que incrementará las tasas de paro hasta niveles desconocidos

Mayor flexibilidad laboral para la supervivencia

Patronales y agrupaciones empresariales no se han cansado de clamar en el desierto para pedir una mayor flexibilidad en materia laboral, con medidas extraordinarias para poder hacer frente a la drástica caída de las ventas y de la prestación de servicios. Sobre todo en aquellas situaciones que puedan poner en riesgo la viabilidad de la empresa, sin necesidad de llegar a situación concursal. "Desgraciadamente, -lamenta Pimec- las empresas se encontrarán los próximos meses con la necesidad de ajustar sus plantillas para que no se produzca el cierre definitivo y mantener el máximo posible de puestos de trabajo.

Con el reciente acuerdo de ampliación de los ERTE hasta el 30 de junio, las pymes entienden que se ha perdido una oportunidad para flexibilizar de una manera adecuada la salida de los ERTE de fuerza mayor total, ya que, por ejemplo, no contempla desafectar empleados y volver a incluirlas en un ERTE si fuera necesario. "Así no se estimula la vuelta a la actividad; se resta agilidad y se añade burocracia... el hecho de tener que tramitar un nuevo ERTE provoca la reticencia a desafectar trabajadores, es decir, parálisis". Además, los empresarios piden que se mantengan las condiciones de exoneración de cuotas a la seguridad social vigentes para no ahogar a las de menor dimensión y dificultades de tesorería

La 'trampa' de los ERTE a tiempo parcial

En los actuales ERTE por fuerza mayor total, tal y como se ha prorrogado hasta 30 de junio, un empresario con menos de 50 trabajadores queda exonerado del 100% del pago de cotizaciones mientras siga en Fase 0 o no pueda abrir. En Tarragona, al entrar en Fase 1 y poder trabajar con restricciones, se entiende que la inmensa mayoría de las empresas entran en ERTE por fuerza mayor parcial. Toca hacer números: si decide la reincorporación progresiva de trabajadores, pagará por los que vuelven a la actividad el 15% de las cotizaciones en mayo y el 30% en junio. La sorpresa llega con los que permanecen inactivos, pues pagará el 40% en mayo y el 55% en junio. Las condiciones de pago son todavía más exigentes para las empresas con una plantilla superior 50 empleados 

"No se trata de una prórroga de la situación anterior. Hay trampa, pues cualquiera puede hacer cuentas, -sobre todo en los sectores de hostelería y comercio-; si no abres, o si no incorporas a todos los trabajadores, te puedes ahorrar el salario, pero tienes que cotizar. Si abres, la exoneración es importante, pero pagas el salario... ¿Dónde se han quedado todas las recomendaciones de una vuelta a la normalidad

responsable? Es el ejemplo de otra medida tomada con afán recaudatorio sin pensar en las pequeñas y medianas empresas", critica abiertamente el profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Raúl Navarro.

En Tarragona, al entrar en Fase 1 y poder trabajar con restricciones, la inmensa mayoría de las empresas cambian a ERTE por fuerza mayor parcial

Financiación: atasco de los ICO Covid 19

Otro de los agravantes de la falta de confianza del tejido empresarial, dos meses después de aprobarse las líneas ICO Covid 19, surge de las dificultades de financiación. La última encuesta empresarial de Pimec sobre los créditos avalados por el ICO revela que más del 36% de los fondos concedidos a pymes y autónomos no han aportado liquidez: "Se han destinado a refinanciar operaciones en un porcentaje excesivo".

Además, según los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA , de los 1,2 millones de solicitudes sólo se han concedido y pagado algo más de 300.000. Otros 600.000 autónomos y pequeñas empresas siguen pendientes de respuesta y el resto (300.000 más) han sido rechazados por los departamentos de riesgo de los bancos. El Estado avala el 80% del crédito y la banca el 20% restante, de ahí el miedo a un repunte de la morosidad.