Además de los cientos de miles de millones -se calcula que 1,2 billones de euros- que el BCE ha puesto a disposición de los Estados miembros para la soportar el fuerte endeudamiento (gasto sanitario, financiación de los ERTEs o líneas de rescate para los sectores más castigados por la pandemia), el segundo rescate bautizado como 'Plan Marshall' va a ofrecer en los próximos dos años 750.000 millones 'extra' para proyectos diseñados bajo dos grandes ejes: el llamado Green Deal y la aceleración de la transición digital.

Nunca en la historia moderna se ha conocido una lluvia de millones de tal magnitud. Se calcula que el PIB de España ha caído un 18% en el segundo trimestre, es decir, unos 200.000 millones. Sólo este segundo rescate ya pone sobre la mesa 140.000, y la mitad a fondo perdido. Por situar esa cifra en su debido contexto, el Fondo de Cohesión ha supuesto para España algo más de 7.800 millones de euros entre 2014 y 2020. Paradójicamente, la Covid-19 puede suponer una oportunidad de oro para Tarragona y Cataluña a la hora de resucitar los proyectos estratégicos del territorio como la regeneración de agua industrial, innovación en la generación eléctrica (plantas de última tecnología de aprovechamiento de biomasa en Sirusa, por ejemplo), el Tramcamp, la Estación Intermodal del Aeropuerto de Reus o el anhelado desvío de la línea litoral del ferrocarril, por citar sólo algunos.

No obstante, la financiación de este 'Plan Marshall' se concede a proyectos, no a Estados, lo que significa que las ciudades de la provincia de Tarragona deben alinearse con la Generalitat, y ésta a su vez con las líneas maestras del Gobierno de Pedro Sánchez. La primera oleada de presentación de presupuestos y solicitudes de fondos debe estar lista en septiembre, lo que significa que los grandes Ayuntamientos deben darse prisa para desempolvar sus proyectos más ambiciosos y actualizarlos.

La ministra Montero liderará una comisión sectorial para coordinar con las Comunidades qué proyectos se presentan al fondo europeo. El Gobierno de España ha creado una comisión interministerial que tomará la decisión final: "Habrá corresponsabilidad entre el Gobierno y las regiones, pero también de otras Administraciones locales -sobre todo grandes ciudades- para preparar los planes que debe aprobar Bruselas". La 'guerra' entre autonomías ya se ha despertado, ya que no consideran suficientes las explicaciones sobre los criterios de reparto del fondo, la citada corresponsabilidad o los plazos para su ejecución.

Cada país tendrá que presentar sus planes de inversión ante la Comisión Europea, que evaluará si encaja con sus recomendaciones y la filosofía del rescate: proyectos que refuerzan el potencial de crecimiento, la creación de empleo y que favorecen la transición ecológica y digital. Los equipos económicos de ciudades como Tarragona, Reus, Salou, Cambrils o Tortosa ya se están comenzando a mover, aunque van con retraso porque todavía no son capaces de definir sus prioridades.

Todo indica que la obra pública, generadora de empleo, se va a disparar en los próximos años. Según las fuentes consultadas por el Indicador de Economía, los gigantes de la construcción como Acciona, FCC, Carbonell Figueras o Comsa ya se están posicionando en la provincia de Tarragona para postularse ante los Ayuntamientos y generar consorcios público-privados capaces de gestionar obras de enorme envergadura.

Economía verde

El 70% del dinero se va a comprometer en apenas dos años, entre 2021 y 2022, y el 30% restante hasta el final de 2023. Este calendario genera urgencias; los especialistas recomiendan crear gabinetes de crisis en todos los niveles de la Administración pública de Tarragona para coordinar la selección de proyectos, en principio orientados hacia las directrices del Pacto Verde (ver despiece), que van a competir con los de toda España por los fondos europeos. Las vacaciones de agosto, al menos en teoría, se han acabado para los gabinetes económicos municipales, comarcales y regionales.

"La Generalitat tiene mucha experiencia y lo ha hecho muy bien, por ejemplo, para la captación de fondos del RISC 3, para consorcios de investigación. Los vascos también son especialistas y van con el turbo, pero Cataluña ha presentado muchos y buenos proyectos. De hecho, el modelo catalán se ha copiado en la Comunidad de Madrid y en Andalucía... por tanto, hay buenos mimbres para competir, aunque hay que trabajar a contrarreloj porque los primeros plazos son inminentes", exponen desde el área de Economía Aplicada de la URV.

Tanto los Ayuntamientos como los Consejos Comarcales o la Diputación, que son las instituciones más pegadas al territorio, deben definir las necesidades con urgencia y transformarlas en propuestas bien trabajadas. "La magnitud del programa económico de la UE no tiene precedentes: Madrid necesita proyectos; la Generalitat necesita proyectos... ahora mismo les haces un favor si desde Tarragona se presentan solicitudes rigurosas y bien detalladas para no perder oportunidades", valora el Gabinete de Estudios Económicos de la CEPTA.

¿Hay capacidad de gestión?

La patronal Pimec ya ha advertido sobre la necesidad de aprovechar bien los fondos europeos. Los precedentes no son halagüeños. Entre el 1 de enero de 2014 y el mismo día del año 2020, el programa de fondos estructurales comunitarios había reservado para España un total de 56.367 millones, de los cuales un 70% salía del presupuesto europeo. A las puertas del último curso del sexenio apenas se ha gastado de forma efectiva el 33% de tales ayudas.

Los fondos FEDER, de desarrollo regional, y FEADER, de desarrollo rural, presentan tasas de ejecución inferiores al 60%. Las iniciativas que financian ambos programas alcanzan actuaciones de empleo, digitalización, competitividad, I+D... Sin embargo, muchas de estas iniciativas no han llegado a materializarse por el atasco burocrático y la incapacidad de gestión. En clave comunitaria, Hungría, Portugal o Irlanda son los países que mejor han manejado los fondos a los que tenían derecho, mientras que España aparece en la penúltima posición de la tabla solo por detrás de Luxemburgo.

La industria turística de Tarragona, uno de los sectores más castigados del tejido productivo de Tarragona, no espera demasiado del maná europeo. "Aunque generamos el 25% del PIB de Tarragona, todas las grandes inversiones públicas acostumbran a dirigirse hacia los sectores industriales; nunca somos los primeros y siempre se nos trata como el hermano pobre, a pesar de que en Cataluña no hay nadie que sea líder mundial, como los somos nosotros", auguran desde la Federación Empresarial de Hostelería de Tarragona (FEHT).

Los siete pilares del Green Deal

La Comisión Europea no otorga un cheque en blanco para invertir en lo que se quiera. Las inversiones verdes serán claves en este fondo de reconstrucción. El Green Deal, que tenía previsto movilizar un billón de euros hasta 2027-2030, se ve acelerado ahora por el coronavirus. La hoja de ruta del Green Deal o Pacto Verde Europeo consta de siete líneas de acción.

1. Energía limpia. Se pretende poner en marcha un mercado de la energía de la UE plenamente integrado, interconectado y digitalizado, así como impulsar la eficiencia energética y desarrollar un sector eléctrico basado en gran medida en fuentes renovables, con garantía de un suministro energético seguro y asequible para la UE.

2. Industria sostenible. La UE exige una nueva política industrial basada en la economía circular y la transformación ecológica.

3. Construcción más eficiente. El 40% de la energía de la UE se va en construir y mantener edificios. Habrá un impulso claro a la mejora de la eficiencia energética.

4. Movilidad sostenible. El transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que siguen aumentando. El Pacto Verde Europeo busca reducir estas emisiones el 90% de aquí a 2050 al abordar las emisiones y la congestión urbana y mejorar el transporte público.

En otro ámbito, se estimula transportar más mercancías por ferrocarril o vías navegables y menos por carretera.

5. Biodiversidad. La Comisión busca propuestas para lograr que las ciudades europeas sean más ecológicas y aumentar la biodiversidad en ellas.

6. Alimentación. Los alimentos europeos deben seguir siendo seguros, nutritivos y de alta calidad, y deben producirse con un impacto mínimo sobre la naturaleza.

7. Contaminación. La UE está decidida a prevenir la polución del aire, el agua y el suelo. Hay objetivos ambiciosos para la calidad del aire, la contaminación industrial y la de productos químicos peligrosos.