Los donativos privados en Tarragona suponen sólo el 1,4% de los más de 500 millones que reciben las fundaciones en Cataluña. En cifras redondas suman unos siete millones de euros. No existe una explicación coherente para discernir por qué las tendencias filantrópicas de personas físicas y empresas, pese a haber crecido en la última década, se sitúan muy por debajo de la dimensión alcanzada por el sector fundacional en nuestro territorio.
La figura jurídica de las fundaciones, que disponen de diversos beneficios tributarios y disfrutan de un régimen fiscal que incentiva los donativos y el mecenazgo, "es la más exigente que hay y que habrá", enfatiza Pere Fábregas, presidente de la Coordinadora Catalana de Fundaciones. Son entidades sin ánimo de lucro que administran activos para alcanzar un objetivo que fija el fundador, siempre de interés general en beneficio de la sociedad.
A diferencia de las sociedades, "los patronos que gestionan el patrimonio de la fundación no pueden cobrar, y si algo sale mal asumen toda la responsabilidad". La Generalitat ejerce de supervisor a través del Protectorado, con facultades de inspección y sanción. En el caso extremo de liquidación, los bienes de una fundación no retornan nunca al fundador, sino que van a otra de objetivos similares o a la Hacienda Pública.
A partir de este contexto jurídico, las donaciones en Tarragona se mantienen en un nivel bastante pobre, muy por debajo de su peso en el número de fundaciones, en activos, en ingresos o en trabajadores. Apenas algo más de 7 millones de euros sobre un total de 510 en Cataluña, lo que supone un pírrico 1,4% solo por encima de Lleida (3 millones, 0,6%). En Girona se aprecia un salto cuantitativo (11 millones, 2,2%), aunque el grueso de los donativos vuelve a situarse en Barcelona con 487 millones, prácticamente el 96%.
"Estamos segmentando datos -avanza Pere Fàbregas- para saber por qué el porcentaje de Tarragona se queda en 1,4% del total, no tenemos explicación para eso, ya que la tendencia en los últimos 15 años en Cataluña ha mejorado mucho: se ha duplicado el número de personas que desgravan donativos en la renta (700.000) y también se ha doblado lo que donan, es decir, que la filantropía de las personas físicas se ha multiplicado por cuatro".
En España, el porcentaje medio deducible de las donaciones es del 35%, frente, por ejemplo, al 66% de Francia. "El afán recaudatorio de la Hacienda pública en nuestro país es muy importante, siempre sale el temor a perder ingresos, sin tener en cuenta que si el sector fundacional realiza acciones en lo social, cultural, sanitario... el Estado deberá sufragar menos gasto".
"Las Administraciones públicas están en crisis y prefieren recibir el dinero; la Generalitat también tiene competencias para incentivar estas desgravaciones, que de hecho se llevan a cabo en otros territorios, pero desgraciadamente todos sabemos cómo está la tesorería de la Generalitat", se lamentan desde la Coordinadora de Fundaciones.
En cuestión de control y transparencia, Cataluña sí se lleva la palma. La Ley de Transparencia vigente en España desde 2013 tiene 40 artículos. La Ley catalana de 2014, mucho más exigente, suma 90. En España coexisten nada menos que diez normativas diferentes, según las Comunidades Autónomas. En general, "las leyes se van copiando, pero hay algunas como la nuestra que son más minuciosas... nosotros estamos trabajando para ahorrar preocupaciones a las fundaciones catalanas y simplificarles la vida, ya que el marco jurídico de control se ha complicado mucho más que en la empresa convencional".