El reciente toque de atención del presidente de Repsol, Antonio Brufau, al nuevo Ejecutivo sintetiza con mucha claridad la principal demanda de los principales sectores industriales de Tarragona: seguridad jurídica para no poner en riesgo las inversiones previstas. Al igual que Repsol, otras multinacionales energéticas del calibre de Endesa, Iberdrola o Naturgy han advertido a Pedro Sánchez de las consecuencias de mantener en el tiempo unos gravámenes especiales.
"Son inversiones enormes que, si no se hacen en un marco de estabilidad y fiscal atractivo, ni mejor ni peor, competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros, no se harán; si tenemos un impuesto para producir hidrógeno que no tienen Francia o Portugal, seguramente nuestra decisión será irnos allí", augura Brufau.
Aunque fuentes de Repsol en Tarragona advierten que las inversiones previstas no están paralizadas, ni mucho menos descartadas, no cabe duda que las palabras del presidente tienen cierto nivel de incidencia en dos de los grandes proyectos de la multinacional en el territorio, como son un megaelectrolizador de hasta 1.000 megavatios y la 'ecoplanta' para fabricar metanol a partir de residuos urbanos, entre otros.
La directora de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), María Mas, también reclama al Estado esa estabilidad normativa para continuar en la senda de la descarbonización. "No podemos competir en un mercado global con regulaciones que nos lastran a nivel internacional", expone Mas. En la misma línea, el presidente de la AEQT, Ignasi Cañagueral considera imprescindible un entorno legislativo y fiscal que favorezca las inversiones, en un momento crítico para Europa en que el dinero público debería actuar como estímulo y palanca de las inversiones privadas.
Pequeña y mediana empresa
Por lo que respecta a la pequeña y mediana empresa, tanto la patronal Pimec como la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA) piden al nuevo gabinete de Sánchez una batería de medidas más "realistas" en apoyo de las pymes y los emprendedores. "Les pediríamos que nos escuchen más y que no hagan política con los costes de personal o la fiscalidad de las pequeñas empresas, y también que sean capaces de gestionar con mayor agilidad y sin tanta burocracia, por ejemplo con unos fondos Next Generation que hasta ahora sólo llegan a proyectos públicos y de multinacionales", defienden el presidente de Pimec Tarragona, Jordi Ciuraneta, y el de la CEPTA, Xavier Rigau, que también mencionan aspectos como el respeto de los plazos legales de pago a proveedores por parte de la Administración y las grandes empresas, uno de los caballos de batalla de las asociaciones empresariales y de autónomos desde hace años.