El sector petroquímico de Tarragona considera positivo que, finalmente, esta configuración eléctrica se contemple en el ordenamiento jurídico español, y constata que la regulación ofrece la oportunidad de mejorar parcialmente la situación y eliminar algunos de los agravios y déficits de competitividad que, por la ausencia de esta normativa hasta ahora, ha tenido que soportar el sector en comparación con sus competidores del resto de Europa, donde las redes cerradas están vigentes desde hace años. Habrá que ver cómo evolucionan los aspectos económicos asociados a la reducción de los peajes, donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según el nuevo Real Decreto, tendrá un papel determinante.

También se valora positivamente que, en el texto finalmente aprobado, el Gobierno haya incluido algunas de las alegaciones que se habían presentado desde el sector químico, como por ejemplo que se permita que puedan formar parte de una red cerrada empresas de los grupos D y E del CNAE, que incluye a empresas auxiliares de la química y que forman parte de los polígonos, como las dedicadas a la energía, las aguas o la gestión de residuos.

Sin embargo, el sector lamenta que otras cuestiones que se habían planteado al Gobierno finalmente no hayan sido contempladas, como por ejemplo las redes cerradas preexistentes por situaciones históricas sobrevenidas, o la previsión de que el impacto económico de las redes cerradas existentes será evaluado cada 4 años, lo que da un punto de arbitrariedad a la norma, con la incertidumbre e inseguridad que esto supone.

De modo que, pese a que la regulación implica un avance y podría acarrear mejoras, éstas serán parciales y no resolverán todos los déficits y barreras que el sector ha estado soportando estos 14 años en comparación con sus competidores directos del resto de Europa. Sin embargo, desde el sector se valora como positiva la nueva norma y se afronta esta nueva etapa con optimismo.