1.- Redes cerradas de distribución y precio de la electricidad

La legislación europea contempla desde 2009 las redes eléctricas de distribución cerrada, una figura que permite que las empresas de un mismo complejo industrial estén conectadas a la red por la vía de un solo consumidor, lo que evita sobrecostes, aporta eficiencia energética y, en suma, mejora la competitividad. La mayoría de los países de la Unión, y en particular aquellos con fuerte presencia industrial, hace años que incorporaron esa figura a su ordenamiento.

España inició el proceso por fin en 2018, casi una década después, mediante un Real Decreto-ley que debía desarrollarse posteriormente en un reglamento. Pero la incertidumbre política y las sucesivas convocatorias electorales de 2019, que mantuvieron al Gobierno en funciones durante meses, detuvieron el proceso hasta bien entrado 2020. De modo que, más de 11 años después, las redes cerradas siguen sin estar en vigor en España, y sus polígonos químicos siguen compitiendo en desventaja.

2.- Mejora de las infraestructuras eléctricas.

También las infraestructuras eléctricas de Tarragona que alimentan los polígonos químicos suponen un lastre a la competitividad, en la medida en que son anticuadas -apenas han cambiado desde los años 70- e insuficientes. No responden a las demandas y necesidades actuales de la industria. Las solicitudes de nuevos consumos y acometidas obligan al solicitante a costear las inversiones en desarrollo y refuerzos de las redes de distribución existentes. Esto supone una inversión adicional no productiva que los nuevos proyectos tienen que absorber. Además, tecnológicamente en muchos casos, han quedado obsoletas, de modo que la garantía y calidad del suministro que necesita la industria química queda afectada.

3.- Finalización del Corredor Mediterráneo.

No disponer aún del Corredor del Mediterráneo de ancho europeo implica que el transporte ferroviario es en la actualidad más caro y más lento de lo que debería ser por culpa de la obligación de cambiar de vía. En el futuro, su puesta en marcha con doble vía y ancho internacional permitirá a la industria química de Tarragona competir con el resto de Europa, favoreciendo que la economía del territorio siga creciendo. Se trata, además, de una infraestructura que hará mucho bien no sólo al sector químico, sino a todos los sectores de actividad de la economía del territorio y, por tanto, al empleo y bienestar de los ciudadanos.

4.- Finalización de la autovía A-27.

La autovía A-27 es una infraestructura viaria necesaria que servirá de salida natural del Port de Tarragona y de los polígonos químicos hacia el interior de la península, en la que se ha reclamado tanto a los representantes de la Generalitat como del Estado en el territorio, una solución para el tránsito de mercancías ADR por la A-27 hacia el interior de la península, evitando el rodeo por la autopista AP-7 hasta El Vendrell que supone un enorme coste medioambiental y económico que merma la competitividad del sector.

5.- Ampliar la masa máxima autorizada de vehículos de mercancías por carretera a 44 toneladas.

Actualmente, en España, la Masa Máxima Autorizada de 44 toneladas en vehículos de carretera de 5 ejes no está autorizada, ni siquiera para el transporte intermodal. Al contrario de lo que ocurre en los países de nuestro entorno competitivo directo (Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, etc.), en España persiste la limitación a una carga máxima de 40 toneladas, frente a las 44 que operan en la mayoría de los países de la UE. Este incremento permitiría aumentar la competitividad de los costes del transporte por carretera para múltiples sectores de la economía y, simultáneamente, reducir el consumo de combustible (y consecuentemente las emisiones de gases de efecto invernadero) e incrementar la seguridad del tráfico en las carreteras.

6.- Agilizar tramitaciones y eliminar trabas burocráticas.

Las sobrerregulaciones, el exceso de procedimientos y ciertas trabas burocráticas hacen que las tramitaciones de carácter administrativo impliquen, a menudo, un plazo considerablemente más largo en España que en otros países de la Unión Europea, lo que también supone un factor de desventaja en términos competitividad y a la hora de ser un territorio atractivo a la llegada de nuevas inversiones. Este factor afecta a las administraciones públicas a todos los niveles: estatal, autonómico y también local.

7.- Impulsar, prestigiar y flexibilizar la Formación Profesional Dual.

La industria química es una firme defensora de la formación profesional dual y el sector lleva años apostando decididamente por ella. La AEQT y diversas empresas del sector químico patrocinan y participan de diversos programas de este tipo que desarrollan conjuntamente con institutos del territorio. No obstante, existe todavía margen para el crecimiento: la necesidad de incorporar profesionales con esta formación por parte del sector es superior a la que actualmente se está cubriendo, de forma que es necesario que por parte de la Administración se pongan en marcha acciones que ayuden a impulsar y prestigiar la Formación Profesional, y también a flexibilizarla para que los currículums formativos, los horarios y los cupos de alumnos de cada ciclo se puedan ir adaptando a la demanda y a las necesidades que tenga el tejido empresarial en cada momento.